La sentencia del Tribunal Constitucional otorgó al Estado un plazo de 180 días hábiles para implementar acciones que fortalezcan la inocuidad alimentaria en el país y mejoren la protección de la salud de los consumidores.

Durante este periodo, diversas entidades públicas deben ejecutar medidas de coordinación, fiscalización, monitoreo, trazabilidad y respuesta sanitaria, además de garantizar el acceso de la ciudadanía a información sobre los avances alcanzados.

En esta plataforma podrás seguir cada uno de estos compromisos y conocer, de manera clara y transparente, el progreso del cumplimiento de la sentencia.